La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no garantizar la correcta aplicación de la Directiva de fusiones sobre el sistema fiscal común aplicable a los Estados miembros (Directiva 2009/133/CE). El objetivo de la Directiva sobre fusiones es eliminar los obstáculos fiscales a las reorganizaciones transfronterizas que impliquen a empresas situadas en dos o más Estados miembros.
La Directiva armoniza las normas sobre fiscalidad relativas a fusiones, escisiones, transferencias de activos e intercambios de acciones entre empresas en todo el mercado interior y los Estados miembros de la UE.
La Comisión envió una carta de requerimiento a España el 25 de enero de 2019, seguida de un dictamen motivado el 28 de noviembre de 2019. En sus respuestas formales, y en intercambios posteriores con las autoridades nacionales, España ha sostenido que su legislación fiscal está en consonancia con la Directiva de Fusiones. La Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades españolas hasta la fecha han sido insuficientes y, por tanto, lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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La Directiva sobre fusiones establece un marco integral para prácticas tributarias justas y consistentes y agiliza los procesos de reestructuración corporativa, reforzando así la competitividad y estimulando el crecimiento económico en toda la UE.
Actualmente, la legislación española establece condiciones restrictivas para las escisiones totales de empresas que no están previstas en la Directiva de Fusiones: tras la escisión total de una empresa, los accionistas de la empresa escindida deben mantener la misma proporción de acciones en cada una de las empresas que recibieron los activos de la sociedad escindida que anteriormente tenían en la sociedad escindida. Si no se cumple esta condición, la normativa española exige que los activos y pasivos transferidos sean ramas de actividad y por tanto no se beneficien del régimen fiscal.
Estas condiciones no son requeridas por la legislación de la UE y, por lo tanto, constituyen una violación de la Directiva sobre fusiones.
Una aplicación inadecuada de la Directiva de fusiones por parte de un Estado miembro introduce una distorsión que perturba el mercado interior y contribuye a la inseguridad jurídica para las empresas.
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